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23 jul 2018
Autor(es): Elena Hernández ParedesNº 71 Año(s): 2018Sección: Opinión de actualidadSubsección: La organización en la extinción de incendios forestalesObservaciones: Páginas 34-35
Las competencias de la Administración General del Estado (AGE) en materia de incendios forestales están claramente definidas en la Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre). Se trata de competencias compartidas en colaboración con las comunidades autónomas, que abarcan aspectos de la prevención, extinción y restauración de los terrenos forestales afectados por incendios forestales. Actualmente, e históricamente, dentro de la AGE estas competencias compartidas han sido desarrolladas por técnicos forestales, ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales, adscritos a la unidad responsable de la política forestal a nivel nacional. Esta unidad actualmente es la Subdirección General de Política Forestal, y dentro de ella es el Área de Defensa Contra Incendios Forestales (ADCIF) el departamento técnico que gestiona directamente las competencias de prevención y extinción de incendios forestales.
El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se ha ido construyendo y adaptando en base a la realidad de la incidencia de los incendios forestales en nuestro país, tomando para ello como base fundamental la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) que se realiza desde el ADCIF. La información que proporciona la EGIF, con datos desde la década de 1960, es clave para conocer las causas de los incendios, las motivaciones de aquellas causas intencionadas y la distribución espacial y temporal de los incendios, entre otros aspectos. Este conocimiento, junto a la experiencia acumulada a lo largo de los años, son la referencia para la definición de las líneas estratégicas de actuación en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Las acciones de prevención de incendios, tal y como recoge la Ley de Montes, deben basarse en los estudios de causalidad y considerar las principales motivaciones que generan incendios forestales. El MAPA, con esta premisa como base, realiza e impulsa acciones muy diversas de prevención, entre ellas:
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