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L
a zona marítimo-terrestre se
define como "el espacio com-
prendido entre la línea de ba-
jamar escorada o máxima viva
equinoccial, y el límite hasta donde
alcanzan las olas en los mayores tem-
porales conocidos o, cuando lo supere,
el de la línea de pleamar máxima viva
equinoccial. Esta zona se extiende
también por los márgenes de los ríos
hasta el sitio donde se haga sensible
el efecto de las mareas."
Es importante no confundir la zo-
na marítimo-terrestre con las zonas de
playa, entendida como ribera de mar
formada por arenales, ya que la playa,
en sentido estricto legal, es la franja
arenosa o pedregosa que está en una
cota superior a la zona marítimo-terres-
tre y que no está afectada por las aguas
del mar.
También pertenecen al dominio pú-
blico marítimo-terrestre estatal las ac-
cesiones a la ribera del mar por depósi-
to de materiales o por retirada del mar,
los terrenos invadidos por el mar que
pasen a formar parte de su lecho, los
acantilados que estén en contacto con
el mar, los islotes en aguas interiores
y mar territorial, las obras e instalacio-
nes construidas por el Estado en dicho
dominio, los puertos e instalaciones
portuarias de titularidad estatal y las
demás recogidas en el artículo 4 de la
Ley de Costas.
Uno de los principales objetivos de
la delimitación de la zona marítimo-te-
rrestre es su protección, la defensa de
su integridad, la preservación de sus
características y elementos naturales
y la prevención de perjudiciales con-
secuencias de obras e instalaciones.
Para ello, se crean una serie de zonas
de servidumbres legales de protección,
de tránsito y de acceso al mar, que no
sólo significan restricciones para los
propietarios sino que también signifi-
can condicionamientos al planificador
urbanístico.
La servidumbre de protección re-
caerá sobre una zona de 100 metros
medida tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar; esta ex-
tensión puede ser ampliada hasta un
máximo de 200 metros cuando sea
necesario para garantizar la efectividad
de la servidumbre, con acuerdo de
todas las Administraciones implicadas.
La servidumbre de tránsito recae
sobre una franja de 6 metros, medidos
tierra adentro a partir del límite interior
de la ribera del mar; esta franja podrá
ser ampliada hasta un máximo de 20
metros en lugares de tránsito difícil o
peligroso. Esta servidumbre de tránsito
AMBIENTAL
LEGISLACIÓN
Antonio García-Giralda Ruiz
Abogado ambientalista
El Dominio Público
Marítimo Terrestre
España tiene aproximadamente 7.880 kilómetros de costa,
un extenso patrimonio que se ve afectado por un masivo
traslado de la población desde el interior hacia el litoral.
Tanto es así que una gran parte de nuestra costa está
urbanizada o tiene carácter urbanizable. Ello ha contribuido
al deterioro de dicho escenario natural, e incluso se ha llegado
a la destrucción de núcleos generadores de vida en el medio
marino como son las marismas.
Con el propósito de poner fin al grave deterioro de nuestras
costas, protegerlas, preservarlas y conservarlas, en 1988,
la Ley de Costas, en desarrollo del artículo 132.2o de nuestra
Constitución, considera bienes de dominio público la zona
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos
naturales de la zona económica y plataforma continental,
imponiendo asimismo limitaciones a la propiedad sobre
los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones
de protección del dominio público marítimo-terrestre.
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impone el deber de dejar esa franja per-
manentemente expedita para el paso
público peatonal y para los vehículos
de vigilancia y salvamento, salvo en
espacios especialmente protegidos,
donde tal servidumbre de tránsito no
se puede invocar. Y quiero subrayar la
anterior salvedad, ya que la servidum-
bre de tránsito ha sido especialmente
conflictiva en el P.N. de Doñana; salve-
dad que finalmente se impone frente a
las pretensiones de particulares que
invocaban esta servidumbre.
Esta zona sólo es susceptible de
contemplar, además de cultivos que no
impidan el ejercicio de la servidumbre,
los siguientes usos, previa autoriza-
ción de la Administración General del
Estado: paseos marítimos peatonales,
instalaciones deportivas que no preci-
sen edificación alguna para la práctica
de su actividad y cualquier otro que no
impida y obstaculice la posibilidad per-
manente de paso de peatones y de ve-
hículos de vigilancia y de salvamento,
tales como el vial de un aparcamiento
público o la terraza de una cafetería
que no conlleve cerramientos.
La servidumbre de acceso público
y gratuito al mar recae sobre los terre-
nos colindantes o contiguos al dominio
público marítimo terrestre, desde la red
viaria general, en la longitud y anchura
que demanden la naturaleza y finalidad
del acceso. Esta es la única servidum-
bre no paralela a la línea interior de la
ribera del mar.
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE
L
a utilización del mar y su ribera
es libre, pública y gratuita para
usos como bañarse, pasear, navegar,
pescar, etc. (uso general o común, sin
necesidad de previo título administra-
tivo). Para la realización de usos que
encierren peligrosidad o requieran la
ejecución de obras e instalaciones
será necesario contar con la debida
autorización o concesión sujeta a la Ley
de Costas y demás normas especiales
que en su caso sean de aplicación.
Por lo que se refiere estrictamente
a la franja de dominio público, en ella
sólo son posibles aquellas actividades
o instalaciones que, por su naturaleza,
no puedan tener otra ubicación, que
son las que desempeñan una función
o prestan un servicio que, por sus
características, requieren la ocupación
del dominio público marítimo (cultivos
marinos, salinas, edificaciones de ser-
vicio de playa, etc.), y las de servicio
público o al público que, por la configu-
ración física del tramo de costa en que
resulte necesario su emplazamiento,
no puedan ubicarse en los terrenos
colindantes con dicho dominio público
marítimo, lo que podría permitir la
construcción de una piscina pública,
por ejemplo, en este supuesto; sin em-
bargo, la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre no implica la cesión
del mismo.
Las playas no serán de uso priva-
do. Las instalaciones que en ellas se
permitan serán de libre acceso público,
salvo que por razones de policía, de
economía u otras de interés público,
debidamente justificadas, se autoricen
otras modalidades de uso. Asimismo,
queda prohibido el estacionamiento
y la circulación no autorizada de vehí-
culos, así como los campamentos y
acampadas.
Fuera de la franja de dominio públi-
co, pero en la zona de protección. En
los terrenos comprendidos en esta zo-
na se podrán realizar sin necesidad de
autorización cultivos y plantaciones. En
los primeros 20 metros de esta zona
se podrán depositar temporalmente ob-
jetos o materiales arrojados por el mar
y realizar operaciones de salvamento
marítimo; no podrán llevarse a cabo
cerramientos, salvo en las condiciones
que se determinen reglamentariamen-
te. Los daños que se ocasionen por
las ocupaciones a que se refiere el
párrafo anterior serán objeto de indem-
nización según lo previsto en la Ley de
Expropiación Forzosa
Por último, se prohíben en esta
zona las edificaciones destinadas a re-
sidencia, actividades que ocasionen la
destrucción de yacimientos áridos, ver-
tido de residuos sólidos, escombros y
aguas residuales sin depuración, entre
otros. Si bien hay otros usos permiti-
dos; así, por ejemplo, la tala de árboles
en esta zona se podrá llevar a cabo con
autorización del órgano competente en
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La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
La servidumbre de tránsito recae sobre una franja de 6 metros,
medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar,
salvo en espacios especialmente protegidos.
La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recae sobre
los terrenos colindantes al dominio público marítimo terrestre, en la
longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.
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materia forestal además de la precepti-
va de la Administración costera.
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y URBANA
A
las anteriores limitaciones que se
establecen sobre los terrenos co-
lindantes con la ribera del mar hay
que añadir los derivados de la zona
de influencia, que se extiende hasta
500 metros hacia el interior, en la que
se imponen verdaderos estándares ur-
banísticos que el planeamiento debe
respetar para salvaguardar la armonía
paisajística.
En suelo urbanizable, los Planes
Parciales aprobados deberán respetar
el régimen de la servidumbre de pro-
tección.
En suelo urbano, la anchura de la
servidumbre de protección se reduce
a 20 metros, si bien se respetan los
usos y construcciones existentes, así
como las autorizaciones otorgadas con
anterioridad hasta la finalización de la
concesión, momento en que serán de-
molidas. Si se encontrasen en zona de
servidumbre de tránsito, se ajustarán
al régimen de los edificios fuera de
ordenación. Edificaciones, por tanto,
condenadas a su desaparición, puesto
que no se podrá autorizar sobre las
mismas obra o reforma alguna sujeta
a licencia.
ANTIGUAS PROPIEDADES
E
s importante destacar que los titu-
lares de espacios de la zona ma-
rítimo­terrestre, playa y mar territorial
declarados de propiedad particular por
sentencia judicial firme anterior a la
entrada en vigor de la Ley de Costas
pasan a ser titulares de un derecho
de ocupación y aprovechamiento del
dominio público marítimo-terrestre, por
lo que deberán solicitar la correspon-
diente concesión en el plazo de un año
a contar desde la mencionada fecha.
La concesión se otorga por treinta
años, prorrogable por otros treinta.
Igualmente, los terrenos ganados y los
desecados en su ribera en virtud de
cláusula concesional establecida antes
de la promulgación de esta Ley seguirán
manteniendo esa situación jurídica, pe-
ro sus playas y zona marítimo-terrestre
continuarán siendo de dominio público.
Los islotes declarados de propiedad
particular con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley conservarán
esta condición, pero en todo caso sus
playas y zona marítimo­terrestre segui-
rán siendo de dominio público.
Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
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as infracciones y sanciones pue-
den ser leves o graves. Centrán-
donos en las segundas, se conside-
ran graves:
- La alteración de hitos de los
deslindes.
- La extracción no autorizada de
áridos.
- La ejecución de obras no autori-
zadas en el dominio público.
- Las construcciones no autori-
zadas en la zona de servidumbre de
protección.
- La interrupción de los accesos
públicos al mar y de la servidumbre
de tránsito.
Para las infracciones graves la
sanción consistirá en el pago de mul-
ta; sin perjuicio de restitución de las
cosas y reposición a su estado ante-
rior, con la indemnización de daños
irreparables y perjuicios causados.
INFRACIONES Y SANCIONES
F
rancisca
Baraza
P. R. de Calblanque (Murcia)
Manga del Mar Menor