Las observaciones presentadas al Plan 2026-2033 defienden la certificación forestal, la trazabilidad de los productos y la intervención de profesionales con la cualificación adecuada.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural ha presentado observaciones al proyecto de Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033, en el trámite de audiencia e información pública impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Colegio valora favorablemente la incorporación de criterios ambientales a la contratación pública y propone reforzar su aplicación al ámbito forestal mediante requisitos concretos, verificables y adaptados a las características de cada actuación. Las aportaciones abarcan la compra de productos forestales, la ejecución de obras y servicios, la cualificación profesional y la formación de los responsables de contratación.
Una de las principales propuestas es el reconocimiento expreso de la certificación de gestión forestal sostenible y de cadena de custodia. Ambos instrumentos cumplen funciones complementarias: permiten acreditar la gestión del monte y mantener las declaraciones de certificación a través de la transformación y comercialización de los productos. El documento contempla sistemas como PEFC y FSC, junto con certificaciones equivalentes y otros medios de prueba admitidos por la normativa.
El Colegio subraya, además, que la comprobación debe referirse al producto efectivamente suministrado. La posesión de un certificado de cadena de custodia por una empresa no significa que todos sus productos estén certificados, por lo que se solicita desarrollar pautas para verificar los certificados, las declaraciones de producto y la documentación de entrega.
Otra aportación destacada es la creación de un bloque específico de criterios para contratos forestales dentro del Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas. Se propone elaborar fichas para actuaciones de gestión de montes, selvicultura, restauración, prevención de incendios, conservación de hábitats, arbolado y mantenimiento de espacios naturales. Estas herramientas deberían considerar las condiciones del terreno, los calendarios de ejecución, la protección del suelo y del agua, la gestión de restos vegetales y el seguimiento de los resultados.
Las observaciones también defienden la cualificación técnica y la calidad de las prestaciones. Se solicita identificar con precisión las funciones y responsabilidades de los equipos y contemplar expresamente la intervención de Ingenieros Técnicos Forestales y titulados universitarios habilitados para esta profesión cuando las prestaciones lo requieran, conforme a las atribuciones aplicables. Asimismo, se plantea comprobar la participación efectiva del personal comprometido y prever presupuestos y plazos adecuados para los trabajos de campo, la redacción de proyectos, la dirección y la supervisión.
En materia de biodiversidad y adaptación climática, el Colegio propone indicadores que permitan evaluar el éxito de la restauración más allá del número de plantas o de las hectáreas intervenidas. También solicita concretar el análisis del riesgo de incendio en edificios e infraestructuras expuestos, especialmente en la interfaz urbano-forestal, y facilitar la evaluación de la madera, el corcho y otros productos forestales sostenibles durante todo su ciclo de vida.
Finalmente, el documento plantea formación práctica y participación continuada de los colegios profesionales en la elaboración y actualización de guías, fichas técnicas y materiales formativos. Las propuestas se completan con indicadores para comprobar su aplicación efectiva durante la ejecución de los contratos.
Con estas aportaciones, el Colegio busca que la contratación pública contribuya a la gestión sostenible de los montes, reconozca el valor de los productos forestales de origen acreditado y asegure la calidad técnica de las actuaciones sobre el medio natural.
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