El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales ha presentado un recurso de reposición ante la Generalitat Valenciana para reclamar que se revise la reciente modificación de un puesto clave en la administración autonómica: el de Jefe/a de Sección de Planificación de Actividades, adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente.
La polémica ha surgido porque, según la resolución publicada el pasado 12 de junio, este puesto no sólo podrá ser ocupado por titulados forestales universitarios, sino también por Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas (no dice nada de los titulados de Grado), lo que ha generado un profundo malestar entre los profesionales forestales.
Las funciones asignadas a esta plaza están directamente relacionadas con la prevención de incendios forestales, la gestión del entorno forestal y la sensibilización ciudadana sobre estos temas. Entre otras tareas, quien ocupe este puesto deberá:
Es decir, se trata de un perfil eminentemente forestal y técnico, orientado a la protección de nuestros montes y bosques.
El Colegio argumenta que los ingenieros agrónomos y técnicos agrícolas carecen de formación específica en materias como incendios forestales, silvicultura o gestión del territorio forestal. Estas competencias, sostienen, sólo están recogidas en los planes de estudio de titulaciones forestales reguladas por la Orden CIN/324/2009.
Para apoyar su postura, el recurso cita varias sentencias judiciales (de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Extremadura, y del propio Tribunal Supremo) que concluyen que los perfiles agrarios no son adecuados para desempeñar funciones forestales, y que asignarles esos puestos vulnera el principio de idoneidad técnica exigido por la ley.
El recurso solicita que se anule la inclusión de las citadas titulaciones como elegibles para este puesto, ya que considera que:
El Colegio también advierte de que este tipo de decisiones, tomadas sin el rigor técnico necesario, ponen en riesgo la eficacia de las políticas públicas en prevención de incendios, una tarea especialmente delicada en un contexto de creciente riesgo por el cambio climático.
Este recurso no solo defiende los derechos de un colectivo profesional. También lanza un mensaje más amplio: la necesidad de garantizar que las administraciones públicas asignen los puestos técnicos a personas realmente cualificadas, no solo por su titulación, sino por su conocimiento directo del campo en cuestión.
En un país donde cada verano los incendios forestales ponen en jaque miles de hectáreas y amenazan pueblos y ecosistemas, resulta esencial que quienes planifican su prevención y gestión tengan la formación más adecuada posible.
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