LOS ESPACIOS NATURALES ANTE EL RETO DE LA DESCARBONIZACIÓN

Desde hace décadas los espacios naturales protegidos (ENP) han visto aumentadas las visitas y actividades de uso público, que ocasionan importantes problemas de conservación debidos al flujo de vehículos motorizados. En ocasiones se originan problemas de seguridad para el visitante, riesgos de incendios forestales o impactos paisajísticos. Como respuesta a estos problemas han surgido diferentes métodos de control de los accesos a los ENP, como los establecidos en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería), el valle de Ordesa en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca), La Pedriza de Manzanares en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid) o el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (Región de Murcia).

Es común que los controles de acceso de visitantes ofrezcan soluciones de entrada colectiva mediante autobuses (de diferente capacidad de pasajeros) con motores alimentados por combustibles fósiles, sobre todo gasoil, cuyas emisiones a la atmósfera son de 2,61 kg CO₂/l . El empleo de vehículos con motores adaptados a la norma EURO VI es una garantía de menor consumo y mayor respeto medioambiental. También existen combustibles alternativos como el GLP, que reduce las emisiones con respecto a un motor de gasolina hasta un 15 % para el CO₂ y hasta un 90 % para los NOX. A pesar de que en la actualidad ya existen motores dotados de nuevas tecnologías y combustibles que permiten menores emisiones a la atmósfera, en los servicios públicos de los espacios naturales protegidos, es necesario considerar esfuerzos adicionales de descarbonización. Las actividades de disfrute de la naturaleza, igual que el resto de actividades de los diferentes sectores económicos, deben afrontar este reto procediendo a la sustitución tecnológica y al empleo de aquella que sea más respetuosa con el medioambiente. La administración pública, responsable casi exclusiva de la gestión de los espacios naturales, debe tener un carácter ejemplarizante sobre los ciudadanos, lo que justifica la necesidad de anticiparse en la adopción de medidas de reducción de la huella de carbono.

La Comisión Europea ha planteado objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera para 2030 y 2050, que obligarán al desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas que reduzcan el consumo y las emisiones actuales.

A nivel nacional el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética el pasado 22 de febrero de 2019. En su artículo 3 se exponen los objetivos de reducción de emisiones de GEI, energías renovables y eficiencia energética, para el año 2030.