La Junta de Castilla y León, junto con el resto de comunidades autónomas (CCAA) del noroeste de España (Cantabria, Asturias y Galicia) que albergamos y gestionamos el 98 % de la población de lobo de España, se ha opuesto desde el primer momento a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) por diversos motivos, tanto legales, como técnicos y cientí!cos, pero sobre todo porque la experiencia en la gestión de esta especie, tanto al norte como al sur del Duero, evidencia el error de dicha medida. Nuestra comunidad autónoma lleva años gestionando poblaciones de lobo al norte del Duero, donde hasta ahora era cinegética, con capacidad para utilizar la actividad cinegética como una herramienta (no la única) de gestión, y también poblaciones al sur del Duero, donde la rigidez de la normativa ha generado un con"icto con la ganadería extensiva que pone en riesgo la necesaria coexistencia entre la ganadería y la presencia del lobo, cuestión ésta fundamental en la conservación esta especie. 

De forma resumida, y comenzando por las cuestiones legales, podemos destacar: 

La gestión del lobo ibérico que se estaba desarrollando hasta hace unos meses se encuadraba en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, es decir, cumpliendo la normativa europea y los convenios internacionales, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales.

Es más, el propio Parlamento Europeo promovió la elaboración del documento Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía que entre sus consideraciones generales recoge: