El parón en la producción y el consumo causado por el confinamiento debido al coronavirus anuncia una crisis económica, que ya se manifiesta tanto en los grandes indicadores como en la economía de muchas familias. La pandemia nos ha mostrado cuáles son las estructuras que han soportado la carga de la crisis y sus debilidades, haciéndonos conscientes de las prioridades que debemos tener en el futuro y de las bases sobre las que queremos reconstruir la economía. Unas prioridades a las que no deben ser ajenas las crisis ambientales -globales y locales- a las que ya nos enfrentábamos, y a las que la suspensión de nuestra actividad de producción y consumo ha dado un breve pero visible respiro.

El confinamiento domiciliario ha puesto en valor una infraestructura básica como es el parque de viviendas. Por un lado ha mostrado que es un derecho básico, un soporte imprescindible sobre el que se construye el resto de las actividades sociales. Por otro, ha mostrado sus carencias: la inadecuación del parque a las necesidades de los hogares actuales - alejados de la familia nuclear como referente sobre el que se construyó en buena parte- o al envejecimiento de la población y las condiciones de accesibilidad, cuidados y adecuación que exige. De los 18 millones de viviendas principales en España más del 50 % fue construido antes del 1980, cuando no había ninguna reglamentación que limitara su consumo de energía. Además, al menos un 6 % se encuentra en estado deficiente, malo o ruinoso.

La rehabilitación del parque de viviendas se revela como una exigencia para fortalecer la resiliencia social y como un recurso muy útil para reconstruir la economía. Así lo ha reconocido la Comisión Europea que planea la renovation wave (oleada de la rehabilitación) como una de las principales políticas de reconstrucción tras la crisis del COVID-19. El Grupo de Trabajo para la Rehabilitación (GTR) demostró hace tiempo la rentabilidad económica a largo plazo de la rehabilitación energética del parque de viviendas. Es una actividad que genera empleo directo distribuido por todo el territorio, difícilmente deslocalizable, y también empleo inducido por la demanda de materiales. Además, a diferencia de la nueva edificación, no ocupa nuevo suelo, con los impactos ambientales que eso supone, ni genera nuevas demandas de movilidad.