Siempre con apoyo social, técnico, jurídico y científico, Ecologistas en Acción lleva décadas tratando el tema de la caza. Ofrece el punto de vista de los colectivos de defensa del medioambiente que más cerca del territorio se encuentran. No en vano, es una gran federación que agrupa a una buena parte de las asociaciones ecologistas con implantación local, provincial y regional. Como tal, ha estado y está en los consejos de participación y grupos de trabajo de todo tipo y ámbito en los que se habla de caza.

Desde que vivimos en democracia, España se ha ido dotando de nuevos instrumentos legislativos en materia de conservación de la naturaleza, forestal y cinegética en los que se ha primado, por razones obvias, la protección del medioambiente y la sostenibilidad. Eso era y es lo que la sociedad y la racionalidad demandan.

Con mayor o menor aquiescencia, los sectores afectados por esta evolución han tratado de adaptarse a ello. En el caso de la caza, hubo y hay quien entendió esa situación, quien incluso la vio como oportunidad de poner en marcha una transición del modelo de caza de la época franquista a la moderna.

Sin embargo, a medida que se han tratado de aplicar las nuevas normativas o se intentaban introducir criterios de sostenibilidad y de racionalidad en la gestión cinegética, en el sector iban creciendo movimientos de oposición a casi cualquier cambio que se quisiera implantar. Mientras tanto se mantiene una ley de caza estatal de 1970, de las pocas normas preconstitucionales vigentes, y en la que se siguen basando las normativas autonómicas.

La lista de temas controvertidos ha ido creciendo con el paso del tiempo, basta con consultar la hemeroteca. El control de predadores, la munición de plomo, la introducción y caza de especies exóticas, el silvestrismo, el parany, la caza en los parques nacionales, la Red Natura 2000, las tiradas de pichón y otras aves, la cetrería, la caza del lobo, las zonas de seguridad, el rifle del 22, el lanceo, el acceso a vías y espacios de uso público, la media veda, la perdiz con reclamo, la caza de especies en mal estado de conservación, los bancos de conservación de la naturaleza, el maltrato animal, los vallados cinegéticos, la caza intensiva, la edad para cazar, las competencias de los agentes medioambientales, el control de poblaciones, etcétera.

Ante la falta de diálogo efectivo del sector cinegético, se abre la vía de las reclamaciones en vía judicial. Senda que, sentencia tras sentencia, ha ido dando casi siempre la razón a los colectivos ambientales en cuestiones esenciales vinculadas a la caza, y que han supuesto anulaciones, tardías a veces, pero anulaciones, de órdenes de veda y decretos estatales y autonómicos de contenido cinegético.

En este escenario entran en juego dos elementos más recientes. Por una parte, la creciente concienciación de la sociedad en materia de protección y bienestar animal, que ha dado lugar al lógico cuestionamiento de la caza como mero objeto de divertimento que es.

Y, de otro lado, la instrumentalización partidista de la caza y de otros sectores coaligados a ella que cristaliza en retrocesos en materia legislativa, como la reciente revisión de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y en una autodenominada “Alianza rural”, donde la caza comparte espacio con quienes defienden los toros, los circos con animales, la pesca de exóticas invasoras o la agricultura intensiva.

Ahora el sector cinegético, a falta de argumentos que justifiquen éticamente la muerte masiva de animales que provoca, y urgidos por la disminución de practicantes, argumenta básicamente tres cosas para justificarse ante la sociedad. La defensa de las tradiciones, el interés socioeconómico y su papel en el control de poblaciones. Cuyo planteamiento es muy lícito, pero desde luego tiene muy desigual consistencia.

Las tradiciones son eso, tradiciones, pero no por ello pueden servir de excusa para frenar los avances de la sociedad. El interés económico hay que verlo siempre con más detalle, y más en los tiempos que corren. Pero resulta obvio que la simple rentabilidad de una actividad no la justifica socialmente. Y aunque es cierto que la actividad cinegética está íntimamente ligada al medio rural, aportando rentas en ese ámbito, no es en absoluto verdadero que haya supuesto un freno al despoblamiento generalizado. En el ámbito rural, por ejemplo, casi cualquier otra actividad es más importante económica y socialmente que la caza. Ya lo son también actividades de turismo ambiental no ligadas a la caza.

Quienes defienden la caza esgrimen ahora su papel en el reequilibrio de las poblaciones. Argumento que se da muchas veces sin datos ciertos y contrastables sobre la mesa y sin ver el conjunto de la problemática, de sus causas y de sus posibles soluciones.