En nuestra sociedad cada vez más alejada del medio rural, la caza se encuentra fuertemente cuestionada. Es previsible que esta situación evolucione a peor conforme el número de cazadores disminuya (Massei et al., 2015) y el pensamiento animalista gane adeptos (Boadella y Gortázar, 2018). Existen sin embargo argumentos poderosos para defender la actividad cinegética.

En primer lugar está el argumento de la libertad, que abarca el aspecto social-cultural y la pasión por la caza. Se trata de una actividad legal, pero sobre todo de un afán propio de nuestra especie desde su mismo origen. Es más, nuestra evolución como especie y el desarrollo de nuestro cerebro seguramente no hubiese sido posible
sin el acceso a la carne magra procedente de la caza (Mann, 2000). Hoy cazar es un entretenimiento más que una necesidad, pero continúa siendo una pasión que cuenta con un arraigo y una riqueza de tradiciones que justifican su permanencia. Segundo, la caza genera actividad económica: 178.000 puestos de trabajo en España según el informe elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan (2018). Y buena parte de esta actividad se produce en las comarcas más remotas e improductivas, en esa España rural que urge apoyar. Muchas propiedades rurales dependen de los ingresos que genera la caza para complementar los que generan las actividades agrícola, ganadera o forestal y las fluctuantes ayudas públicas. Sin la caza, muchos terrenos valiosos por su paisaje y por su contribución a la conservación de la biodiversidad se verían forzados a cambiar de uso, reduciendo aún más la actividad económica y las perspectivas de bienestar futuro de las comarcas afectadas. Y finalmente está el tercer argumento, seguramente el de mayor actualidad: la caza como herramienta de gestión, la caza como forma más sensata de controlar la sobreabundancia.

La caza supone el aprovechamiento de un recurso natural renovable, al igual que ocurre con otras producciones forestales como puedan ser las setas. Pero a diferencia de estas últimas, no cazar (no cosechar la producción anual) da lugar a un crecimiento no deseado de determinadas poblaciones animales. El caso del conejo es un buen ejemplo. Su proliferación en algunas zonas agrícolas, especialmente en las proximidades de grandes infraestructuras como autovías y líneas de ferrocarril, da lugar a situaciones de plaga en las que se producen daños importantes a los cultivos y a las infraestructuras de riego. Se ha observado en el valle del Ebro que esto ocurre principalmente en espacios donde la presión de caza es baja (Williams et al., 2007). Por su parte, el aumento de las poblaciones de ungulados en muchas zonas en las últimas décadas hace necesario su regulación y control. El crecimiento de las poblaciones de ciervo, corzo o jabalí supone la invasión de zonas de cultivo, un riesgo sanitario, entre otros efectos negativos, sobre el ganado doméstico, así como un aumento de los accidentes en carretera. Por consiguiente, la caza ordenada contribuye significativamente al control de especies propensas a la sobreabundancia y supone el aprovechamiento de un recurso natural renovable. Este aprovechamiento, que por tanto supone un servicio tanto al ecosistema como a la sociedad (Quirós-Fernández et al., 2017), no resulta prescindible hoy en día.